En 1976, según fuentes periodísticas, el predio de La Calamita fue dado en alquiler por parte de sus propietarios a los directivos del Club Rosario Central, Antonio Rodenas y Natalio Wainstein y estos, debido a su contacto con el coronel Juvenal Pozzi, se lo cedieron al 2° Cuerpo del Ejército
Pascual Guerrieri (ex agente Batallón inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes) elige La Calamita como centro de tortura y detención bajo la órbita del 2° Cuerpo de Ejército, cuyos Jefes eran: Leopoldo F. Galtieri y Genaro Diaz Bessone. Con el fin de desarticular la columna norte de Montoneros y detener a militantes del ERP y delegados de fábrica del cordón industrial. La Calamita estaba dentro del departamento Rosario y por ende dentro del radio de actuación de la Unidad Regional II de policía.
El “arrepentido” Gustavo Bueno planteaba que el lugar estuvo en manos de miembros del destacamento de Inteligencia Militar 121, dirigido por el coronel Pascual Guerrieri quien habría sido el encargado de elegir la casa, y hacer las gestiones para utilizarla. Manifiesta que a cargo de la sección operativa estaba el mayor Fariña, alias Sebastian, y a cargo del lugar, funciones administrativa y logísticas se encontraba el Sargento ayudante Vera. Los interrogatorios estaban a cargo del mayor Fariña pero el que hacia la compilación era el llamado Barba.
El relato de Bueno detalla: «..el salón donde estaban los detenidos era alargado, con una puerta central, y al fondo un baño, a ambos lados sobre las paredes se disponían las colchonetas. Este salón y la sala de situación estaban pegados, o sea compartían pared. El sótano no tenía ningún fin, los detenidos hacían tareas de mantenimiento, la parte exterior estaba cuidada por Gendarmería, había 5 normalmente, uno por cada punta del cuadrado. Según testimonios de vecinos este centro de detención clandestino habría funcionado desde fines del 76, durante el año 77 y probablemente hasta los primeros meses del 78.»
Gustavo Bueno indicó que desde fines de mayo a principios de junio del 78 se realizaba el traslado de los detenidos a través de vuelos que salían del aeropuerto de Fisherton hacia la Bahía de San Borombón y que a partir de allí comienzó la otra parte, la de Funes.
¿Qué fueron los Centros Clandestinos de Detención?
Lugares de detención clandestino donde se alojaba personas a las que se interrogaba a través de tormento y tortura, no reconocidos legalmente y que generalmente pasaban a la categoría de desaparecidos, con excepción de los pocos liberados.
Por testimonios de sobrevivientes se sabe que, detenidos o secuestrados eran trasladados a centros de reclusión, que constituían dos grupos: los edificios estatales donde operaban las diferentes Fuerzas Armadas y de Seguridad (Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia, el Batallón de Comunicaciones 121, Fabrica de Armas Portátiles Domingo Matheu, y el Batallón de Arsenales 121 -hoy 603- de Fray Luis Beltrán); y casas particulares, ubicadas en las afueras de la ciudad, que en algunos casos eran alquiladas en forma legal, por ej. La Calamita, la Quinta de Funes, etc.
En el informe que presentó en el juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1, el EAF (Equipo de Antropología Forense) Juan Nobile y Miguel Nievas clasifican los asesinatos, desapariciones, lugares de reunión de detenidos políticos en:
Enfrentamientos Fraguados (27 %), casos en notas periodísticas, donde se daba cuenta de un «enfrentamiento con elementos subversivos», de los cuales las únicas victimas, habían sido secuestrados con anterioridad y vistos en los Lugares de Reunión de Detenidos. (ej. los casos de Las Verbenas en Granadero Baigorria).
Asesinados en Procedimientos (37 %), personas que ofrecieron resistencia al momento que se los quiso detener.
Ejecuciones (35 %) son los que aparecieron a la vera de caminos y rutas.
Enfrentamientos Reales (1 %) 2 casos de personas que murieron en el asalto del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltran en abril de 1975.
De los cadáveres exhumados en los cementerios, se puede inferir que en su mayoría fueron ultimados en forma extrajudicial al menos en un 45 % del total de casos.
Los centros de detención reconocidos de la zona en 1984 fueron: el Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía de Rosario, La Calamita (en Granadero Baigorria), la Quinta de Funes, el Batallón 121, y la fábrica de armas Domingo Matheu de Rosario, la sede del Comando del II cuerpo de ejército (que solo en pocos casos se convirtió en centro de detención y que se destinaba a los consejos de guerra), La Escuela Técnica Magnasco, La Intermedia (en Timbúes), la Fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, y más recientemente se ha determinado la existencia de al menos tres casas más destinadas a tales usos (la llamada “El castillo” o “El fortín” y “La española” en Funes y una en barrio Rosarino de Fisherton).
El Servicio de Informaciones localizado en la sede de la jefatura de la policía de Rosario, dependía de la Unidad Regional II; aquellos que funcionaban en dependencias militares estaban a cargo del Ejercito y se ha determinado que por lo menos la Quinta de Funes y La Calamita estaban en manos de efectivos militares. En este último caso, lo mismo que en algunas de las otras casas, existen testimonios que confirman alguna vinculación con la policía rosarina.
A partir del golpe de estado y durante gran parte del año 1977 la policía comandada por Feced y el Servicio de Informaciones centralizó el accionar represivo imponiéndole un “sello” propio al mismo. El año 1977 parece ser el momento en que el ejército ocupó un rol más activo, en particular a través del uso de “quintas” ubicadas en las afueras de la ciudad hacia donde se trasladan una parte significativa de los secuestrados, restándole autonomía operativa a la policía local, si bien el Servicio de Informaciones siguió funcionando durante todo el año 1978.
La identificación de los lugares de detención sigue siendo hasta hoy una difícil tarea. Las víctimas de los procedimientos, aun shockeadas por la brutalidad que rodeaba a los secuestros, eran trasladadas vendadas o encapuchadas, habitualmente en el piso de los vehículos. Esto es particularmente visible en el caso de varias de las “casas” o “quintas” que parecen haber funcionado períodos no muy extensos y donde las victimas no tenían contacto frecuentes con otros detenidos o permanecieron poco tiempo en dichos sitios. No debemos descartar tampoco el hecho de que muchos de estos ámbitos no fueran utilizados simplemente como lugares de tránsito sino de exterminio de personas, lo que explicaría la limitada cantidad de sobrevivientes que podrían dar cuenta de lo que allí sucedió.
Si bien La Calamita fue unos de los primeros centros clandestinos de detención denunciados, y desde comienzos de 1984 comenzaron a aparecer las noticias en diarios locales acompañadas de algunas denuncias de vecinos y funcionarios de Granadero Baigorria, los datos sobre el lugar siempre fueron escasos. Se suma el hecho de que los antecedentes e investigaciones referidos al campo clandestino y parte de los restos humanos que fueron entregados a la justicia desaparecieron con el robo a Tribunales el 8 de octubre de 1984.