Con el apoyo y la complicidad de civiles y de un sector de la iglesia, las Fuerzas Armadas secuestraron, torturaron y asesinaron de forma clandestina a miles de personas que eran trasladados a los CCD (centros clandestinos de detención) que podían funcionar en un cuartel, una fábrica, una comisaría, o en viviendas privadas alquiladas para este fin. Este último es el caso de La Calamita, casco principal de una finca ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria. Estos lugares, reconocidos por algunos detenidos que sobrevivieron, guardan valiosas pruebas testimoniales que sirvieron para juzgar y condenar a los represores acusados de delitos de Lesa Humanidad. Es por eso que, con el objetivo de mantener viva la huella del accionar del Terrorismo de Estado se hace necesaria la preservación del mismo como Sitio de Memoria.
Participación popular por un sitio de memoria
La recuperación de la democracia mostró rápidamente los horrores ocurridos en La Calamita. Las denuncias de vecinos y de la propia municipalidad de Granadero Baigorria motivaron una inspección judicial realizada por el entonces juez de instrucción Luis Juan Giraudo quien se presentó en el lugar en enero de 1984. También en ese año se concretó la visita de la CONADEP que estableció fehacientemente el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención en el predio. Unos años más tarde (sin olvidar el nunca suficientemente aclarado robo a los tribunales provinciales en octubre de 1984, que significó la pérdida de valiosísimo material de la causa Feced y de lo ocurrido en la región durante el terrorismo de estado) las leyes de impunidad, la persistente complicidad civil y eclesiástica y el silencio de la sociedad frente a aquel horror hicieron que recién en 1998 registremos una movilización convocada por organismos de Rosario señalando a La Calamita como sitio de secuestros, torturas y muerte. (ver La Capital, 22/03/98 y El ciudadano 26/03/00)
Pero fue el anuncio de la venta del predio que se conoció públicamente en abril de 2001 (ver Rosario12, 22/04/01) lo que generó las primeras movilizaciones e intentos de organización en nuestra ciudad. A partir de entonces siempre hubo vecinos militantes que nos comprometimos con la tarea de Memoria, Verdad y Justicia en relación a lo ocurrido durante la última dictadura en Baigorria y la región.
Así nació la Comisión por la Memoria y Contra la Impunidad integrada por numerosas organizaciones comunitarias, barriales, trabajadores de prensa y de la educación, artistas populares, que funcionó en el local del centro comunitario «Pocho Lepratti» en calle Formosa de nuestra ciudad. Desde ese espacio se promovieron actividades fundamentalmente vinculadas al intercambio con docentes y alumnos de las escuelas primarias y secundarias, con el objeto de visibilizar y sumar al debate colectivo lo ocurrido durante el genocidio en tiempos en que el silencio y la impunidad comenzaban lentamente a resquebrajarse.
Un posterior intento de demolición de algunas construcciones de la Quinta que se llevó a cabo parcialmente (a mediados de 2003) volvió a movilizar a sectores sociales y también a los funcionarios municipales de entonces. En ese 2003 tanto el Concejo Municipal como el Poder Ejecutivo local declararon de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio de La Calamita a fin de que funcione en ese lugar el Museo de la Memoria de Granadero Baigorria (ver ordenanza 2701/003 y decreto 603/003)
En agosto de ese año se realizó una importante movilización que llegó hasta la Quinta, convocada por la Comisión de la que participaron organizaciones locales y de la región, y organismos de derechos humanos de Rosario, reclamando por la preservación del lugar, pedido al que se sumaron entre otros el Concejo Deliberante de Rosario y el Museo de la Memoria de esa ciudad.
Hacia octubre del mismo año se crea por resolución 032/03 del Concejo Municipal la Comisión Tripartita del Museo de la Memoria de Granadero Baigorria con representación de los distintos bloques de concejales, del departamento ejecutivo municipal y de la Comisión Popular por la Memoria. Desde aquí surge el primer reclamo de expropiación de La Calamita al Estado Provincial. En noviembre de 2003 (precisamente el día 15 de ese mes) la legislatura provincial sancionó la ley 12.192 que declaraba de interés público y sujeto a expropiación el predio propiedad de la empresa SOLUKAT CORP. (vinculada a la familia Benzadón). Algunos errores técnicos en relación a la mensura de los lotes hicieron que ese texto debiera ser enmendado; el nuevo texto ya corregido cobraría fuerza de ley a finales de 2005 bajo el número 12.462. Esa ley facultaba al Poder Ejecutivo Provincial a expropiar el predio de casi 11 hectáreas (o bien una parcela del mismo) y cederlo gratuitamente a la Municipalidad de Granadero Baigorria para destinarlo al Museo de la Memoria local. El plazo de expropiación (dos años a partir de la sanción de la ley) se cumplió sin que la gestión del gobernador Jorge Obeid efectivizara aquella ley, y La Calamita siguió en manos privadas, a pesar de la unanimidad lograda en la Legislatura y del trabajo y la militancia de las organizaciones populares.
En los años siguientes (fines de 2006 a 2010 aproximadamente) el proyecto CAMINO de la MEMORIA (ver aparte) fue el que concentró la atención y las tareas de memoria del terrorismo de estado en la ciudad y particularmente en torno al funcionamiento de La Calamita. Este proyecto convocó nuevamente a toda la comunidad, especialmente a docentes, estudiantes y familias de todas las escuelas de la ciudad, que participaron activamente de la propuesta junto a la Comisión popular por la Memoria. Aunque el proyecto quedó inconcluso y puso en evidencia algunas discrepancias y conflictos logró en aquel momento mantener el debate sobre lo ocurrido en la última dictadura. En esos años otros dos proyectos de expropiación (uno en 2008 y otro en 2010) tuvieron media sanción en la cámara de diputados de la provincia pero no lograron convertirse en leyes a falta del acompañamiento necesario de los senadores provinciales.
Queremos también en este recorrido por la historia reciente, señalar el fundamental aporte a la construcción de memoria, verdad y justicia de quienes han sobrevivido al horror de lo ocurrido en La Calamita, y de los familiares, amigos y compañeros de quienes hasta hoy siguen desaparecidos después de vivir en ese sitio su cautiverio. Sus testimonios (recordemos que tanto en los juicios por la verdad como en los distintos tramos de la causa Guerrieri se han abordado principalmente los crímenes aberrantes cometidos ahí) nos van permitiendo ahondar en la comprensión de lo que nos ocurrió como sociedad en aquellos años del genocidio y también en este presente que vivimos. Es decir: no solo recordar secuestros, torturas y muertes, no solo regresar en algunos casos al lugar del terror para declarar judicialmente, no solo identificar víctimas y condenar genocidas sino también poder comprender distintos procesos -la utilización de los medios de comunicación para estigmatizar y encubrir, la manipulación del aparato judicial, por mencionar algunos- que lejos están de ser solo el pasado.
De igual modo destacar el trabajo de los profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense que en varias oportunidades han estado en La Calamita poniendo sus saberes a disposición de las víctimas del terrorismo de estado y de la justicia y que tanto han hecho y siguen haciendo en pos de devolver identidad a los restos recuperados de personas desaparecidas.
Promediando 2011 surge Documenta Baigorria retomando inquietudes y expectativas anteriores con militantes de los primeros años y otros que nos fuimos sumando con el tiempo. Esta suerte de «continuidad» y las tareas de la agrupación pueden verse en otras secciones de esta página. Aquí nos interesa destacar el seguimiento hecho al proyecto de ley de expropiación de La Calamita presentado por la diputada Alicia Gutiérrez que se convirtió en la ley 13.455 a fines de 2014.
A partir de su promulgación a comienzos de 2015 fuimos sosteniendo numerosas entrevistas con funcionarios de distintos niveles del poder ejecutivo provincial, advirtiendo fundamentalmente sobre los plazos a tener en cuenta para efectivizar la expropiación y no repetir así lo ocurrido en ocasiones anteriores. En marzo de 2016 obtuvimos el compromiso escrito del entonces gobernador Miguel Lifschitz de acelerar los procedimientos necesarios para lograr la expropiación, pero en los meses finales de ese año y pese a variadas manifestaciones en Baigorria e incluso en Rosario reclamando que la Calamita fuese expropiada, se nos comunicó que el Ejecutivo provincial había decidido aceptar (con los plazos para expropiar prácticamente vencidos otra vez) una propuesta de la empresa propietaria del predio en cuestión, que consistía en la donación de una parcela que incluía el casco y su alrededor a fin de convertirla en Sitio de Memoria.
En septiembre de 2019 después de más de dos años de pedidos al respecto (algunos
inclusive acompañados por organizaciones del Espacio Juicio y Castigo Rosario) tuvimos
acceso a la documentación donde consta el acuerdo de donación de SOLUKAT CORP. al
estado provincial en la Escribanía General de la Provincia.
Sin embargo, hacia finales del 2020, luego de reuniones con las nuevas autoridades
provinciales y municipales, se nos informa que el acuerdo de donación aún está pendiente
ya que falta la firma de una de las herederas para su total concreción.
Es así que en la actualidad, marzo del 2021, La Calamita sigue ocupada por numerosas
familias y han vuelto a funcionar algunos emprendimientos económicos en el lugar (como lo
muestran las fotos -tomadas en enero 2020- que ilustran esta sección) sin que haya al
momento intervención de ninguna instancia estatal al respecto.
¿Por qué La Calamita debe ser un SITIO DE MEMORIA?
Porque un lugar utilizado por el Terrorismo de Estado para secuestrar, desaparecer, torturar, asesinar y robar personas debe ser recuperado por el Estado Democrático como testimonio y compromiso de no repetir esta historia nunca más.
Porque es el mínimo gesto que el Estado debe hacer como reparación a la sociedad y muy particularmente a las víctimas directas, sus familiares y amigos.
Porque preservar para la memoria colectiva de uno de los sitios donde se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos es, además de obligación ética, una posibilidad de encontrar pistas de lo allí sucedió en los aciagos años de la dictadura cívico-militar.
Porque forma parte del pasado reciente del que aún quedan huellas inscritas entre sus paredes, que pueden abrir nuevos trazos de investigación histórica sobre lo ocurrido allí.
Hoy solicitamos:
Que el Estado se responsabilice y haga cargo de las familias que viven en el lugar para que el EX CCD LA CALAMITA sea un espacio de reflexión popular sobre el avasallamiento de los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.
Que se convierta en un espacio de memoria activa de lo que pasó y sus consecuencias, en el cual la comunidad cercana sea parte activa y reflexiva de la memoria y las distintas acciones llevadas adelante.
¡Por un Sitio de Memoria, YA!